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Las Zonas Francas y la Administración Tributaria.

Las Zonas Francas y la Administración Tributaria.

La Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas fue promulgada en fecha 15 de enero 1990. Su objetivo es “fomentar el establecimiento de zonas francas nuevas y el crecimiento de las existentes, regulando su funcionamiento y desarrollo.” A los fines de alcanzar este objetivo, y en aplicación del principio de la extraterritorialidad fiscal, la Ley otorga exenciones fiscales en favor de las empresas que se clasifiquen como zonas francas en el país. Y es que, uno de los fines de la política fiscal del Estado, reconocido internacionalmente, es incentivar o promover sectores productivos o actividades particulares. Si las empresas de zonas francas decidieron o deciden implantarse en el país es obviamente confiando en las exenciones que le fueron legalmente otorgadas y de las cuales el Estado, y en particular la Administración Tributaria, deben ser los garantes de su fiel reconocimiento.

Resulta evidente que las empresas de zonas francas se instalaron en el país debido a la Ley 8-90, por lo que su permanencia en el país en la mayoría de los casos, depende de la existencia o reconocimiento de la misma por las autoridades. La situación parecería clara. Sin embargo, actualmente, las empresas de zonas francas no sólo tienen el sentimiento sino que en muchas ocasiones tienen, lamentablemente, la experiencia de que la Administración Tributaria está desconociendo las exenciones fiscales establecidas por la Ley, las cuales habían sido reconocidas por esa misma Administración durante años.

Si la Ley 8-90 prevé una exención, por ejemplo la del ITBIS, la Administración Tributaria, por aplicación de los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, debe sencillamente reconocer dicha exención. Si un contribuyente realiza un uso inadecuado de la exención, entonces existen mecanismos legales de fiscalización y sanción. Pero en ningún caso la Administración Tributaria está legítimamente facultada para desconocer las exenciones legales. Conviene resaltar que en estos casos no se trata de una disposición legal sujeta a la interpretación de la Administración Tributaria, sino de disposiciones legales claras y expresas que sencillamente han sido desconocidas.

En nuestro país existen cada vez mayores garantías para el contribuyente, para impugnar  actuaciones arbitrarias e ilegítimas de la Administración y en particular de los funcionarios actuantes. El artículo 148 de la Constitución de la República Dominicana establece que: “Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Frente a las actuaciones ilegítimas e ilegales de funcionarios de la Administración, el legislador aprobó la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, de fecha 6 de agosto del 2013 y que entró en vigencia en el año 2015, a los fines de garantizar que los funcionarios se sometan cabalmente al ordenamiento jurídico dominicano. Dicha Ley en su Artículo 3 detalla los principios que deben regir la actuación de la Administración Pública, algunos de los cuales nos permitimos transcribir:

Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.

Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado.

Principio de confianza legítima: En cuya virtud la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia Administración en el pasado.

Principio de responsabilidad: Por el que la Administración responderá de las lesiones en los bienes o derechos de las personas ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la actividad administrativa. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Esta evolución de concepción de nuestro derecho administrativo, no se limita a la parte legislativa (Constitución y Ley 107-13), sino que ha sido consagrada por los tribunales, en particular por la Suprema Corte de Justicia. Nuestro más alto tribunal resume con particular recelo, en una sentencia del año 2011, el cambio de concepción con relación a la Administración Pública y los derechos de los ciudadanos frente a sus actuaciones:

“(…)que en el derecho administrativo contemporáneo ya no estamos en presencia de una administración absolutista y todopoderosa, como ocurrió en la época del estado de policía medieval, donde la administración se colocaba por encima de los particulares, como si fuera un dios del olimpo bajo el falso mito de que sin importar lo que hiciera, sus actos siempre debían ser considerados como fieles ejecutorias para preservar el interés público en contra del particular, que era visto como su contrincante; sino que, actualmente, en los sistemas constitucionales contemporáneos como el nuestro, estos conceptos absolutistas y dictatoriales han sido abandonados y hoy en día la administración debe ser vista como un ente liberal, imparcial e independiente, que si bien debe velar por el interés público o el bien común, también debe tutelar y preservar la libertad y los derechos individuales, todo ello bajo el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho que requiere que la Administración actúe en base a un conjunto de principios y reglas que preserven un debido proceso, que respeten y garanticen las libertades y derechos que han sido adquiridos legítimamente por los individuos, los que no pueden ser vulnerados ni desconocidos por un accionar irracional por parte de la administración.” (el énfasis y el subrayado son nuestros).

La Administración y sus funcionarios tienen amplios poderes, pero esos poderes vienen acompañados de una importante responsabilidad. Y los ciudadanos, tienen cada vez más acciones disponibles para hacer valer sus derechos, o mejor, para que el Derecho prevalezca.

Comments(2)

  • Lida Yaniras Vallejo-Fargues
    January 26, 2018, 10:25 pm  Reply

    Muy interesante articulo.

  • Licda. Yaniras Vallejo-Fargues
    January 26, 2018, 10:27 pm  Reply

    Muy interesante articulo. Las normas deben ser respetadas y la ley aplicada a todos y todas por igual.

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